LA PROSTITUCIÓN A DEBATE, por DANIELA HEIM

La prostitución a debate: el abolicionismo desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Daniela Heim

 

“…la experiencia demuestra que la puesta en práctica de políticas abolicionistas profundiza el abismo entre las prostitutas y el resto de la sociedad, aumentando el estigma,

la exclusión y la marginación social que muchas padecen (…) Desde nuestro punto de vista, las posiciones abolicionistas,

por impracticables e impositivas, son las que más favorecen las mafias, pues, como se ha demostrado también en otros asuntos,

son precisamente las condiciones de clandestinidad y de falta de derechos reconocidos, las que favorecen que los poderosos campen por sus respetos y los sectores más desfavorecidos (en este caso las mujeres y los niños), queden  totalmente desprotegidos frente a los abusos y la explotación”

 

Cristina Garaizábal. Colectivo Hetaira

 

 

 

1.  Introducción.

 

 

Manifestarse en favor de la defensa de los derechos de las personas insertadas en la industria del sexo puede significar tomar parte en una especie de “guerra civil” (Garófalo, 2005), en la cual aparecen enfrentados dos bandos que, paradójicamente, luchan contra un (aparente) enemigo común: la vulneración de los derechos fundamentales del sector más vulnerable de ese colectivo [1].

 

Por un lado, encontramos a quienes consideran que la falta de reconocimiento jurídico de la prostitución como trabajo constituye, al mismo tiempo,  causa  y  efecto  de  la  violación  de  tales   derechos   y,  por ende, consideran que la solución pasa porque se reconozcan derechos laborales a  las personas que se dedican a esta actividad. Por otro, se sitúan quienes entienden que la prostitución (e incluso la pornografía) son, por sí mismas, formas de explotación y violencia sexual contrarias a los derechos fundamentales de quienes se ven “obligados”[2] a ejercerlas, manifestándose, en consecuencia, a favor de la desaparición de estas prácticas e, incluso, de su penalización (identificaremos de aquí en más esta corriente como  abolicionista).

 

Ese (aparente) objetivo común de ambas posturas las hace converger  en otro punto: en tanto que son mujeres quienes mayoritariamente ejercen la actividad [3], la variable de género no puede pasar desapercibida.

 

Ahora bien, de qué manera influye esta variable en el tratamiento de la materia no sólo da lugar a más divisiones, sino que hace a estas posturas irreconciliables, porque detrás de sus posicionamientos se sitúan puntos de vista muy diferentes sobre: 1) el derecho al autogobierno, a la autodeterminación y a hacer un uso social y sexual del cuerpo al margen del mandato monogámico, del orden sexual patriarcal y/o de las formas convencionales de exploración de la sexualidad; 2) los límites a la injerencia del Estado en la conducta erótica de los ciudadanos y en su libertad sexual; y 3) la manera de pactar las normas de convivencia ciudadana y el uso de los espacios públicos que con la definición de aquellos límites se vinculan.

 

En su confrontación con la corriente abolicionista, quienes bogan por el reconocimiento jurídico de la prostitución como trabajo no sólo ponen en evidencia que el debate actual no suele incluir los aspectos mencionados en 1); sino que también denuncian el ostracismo social, la hipocresía y la doble moral que, históricamente, han presidido todo tipo de acercamiento a la cuestión (sea teórico, político o, simplemente, de sentido común), con relación a lo dicho en 2) y 3).

 

Una breve retrospectiva sobre la evolución de este enfrentamiento nos ayudará a entender las consecuencias del abolicionismo de cara al ejercicio y la protección de los derechos de las personas insertadas en la industria del sexo, las cuales, en el estado español, sumarían una cantidad aproximada de medio millón (LICIT, 2004).

 

 

[1] Nos referimos al grupo integrado por las personas que ejercen prostitución callejera y las que se consideran víctimas de tráfico. Es cada vez más acusado el sesgo de las investigaciones en materia de prostitución. Normalmente, las mismas se centran en estos dos grupos, que son los más visibles pero también los menos representativos del gran mundo del mercado sexual. Por ello, sus resultados corren el riesgo de formar parte, aún sin proponérselo, de lo que Pons denomina “la estategia ideológica”, que “supone la exclusión de la parte mayoritaria de la prostitución en sus análisis y estudios, para incluirla en las características de la parte minoritaria, con el fin de preconizar su futura exclusión-desintegración total y su presente permanencia en el estigma y las exclusiones derivadas de él” (Pons, 2004:322).

[2] Esta perspectiva no concibe que una persona pueda elegir libremente esa actividad.

[3] Aunque la demanda femenina de servicios sexuales existe y pareciera ir en aumento, su representatividad, en comparación con la demanda masculina de prostitución (tanto gay como heterosexual) es irrisoria (Meccia, Metlika y Raffo, 2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Breve excursus sobre el abolicionismo: de sus orígenes a la actualidad.

 

 

El surgimiento histórico del movimiento abolicionista se ubica en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XIX, y en pleno auge de la implementación del modelo francés de reglamentación de la prostitución [4].

 

En medio de una atmósfera de crispación por la paulatina relajación de la moral sexual victoriana, coincidente con la aparición de los primeros movimientos feministas [5], las primeras grandes crisis del capitalismo, las primeras movilizaciones obreras, el acelerado aumento de la pobreza y la creciente idea de “peligro en las calles”, el parlamento británico sancionó, en 1864, las llamadas “leyes de enfermedades contagiosas” (Contagious Diseases Acts), denominación eufemística para las enfermedades de transmisión sexual.

 

 

Inspiradas en la incipiente doctrina de la defensa e higiene social y en la epistemología positivista de la época, estas leyes impusieron estrictas medidas médico-policiales y sanitarias para hacer frente a la “lacra social” de la prostitución, las cuales convirtieron a las prostitutas en el paradigma de las conductas sexuales inmorales y en las únicas responsables de la transmisión y contagio de las enfermedades venéreas.

 

En un orden social en el que la sexualidad femenina no se concebía fuera del matrimonio y de la función reproductora, la prostituta, y toda aquella mujer que adoptara una “actitud masculina” (en tanto “activa”) frente al sexo,  era vista como un ser peligroso, atávico, anormal o desviado [6], ante el cual debían  adoptarse  medidas  de  control,  encierro  y  vigilancia  (Laqueur, 1994, Bonal, 1988, Walkowitz, 1992, entre otros).

 

La famosa campaña iniciada en 1869 por la líder feminista Josephine Butler contra las leyes de enfermedades contagiosas [7], mientras tuvo por objeto principal cuestionar los mecanismos misóginos, opresivos y estigmatizantes de estas normas [8], proponiendo su abolición, reclamó la necesidad de un cambio en los valores sociales de igualdad, respeto y libertad de la mujer, incluso en el terreno sexual. En tal sentido, la campaña se enmarcaba en un programa de emancipación femenina más general, que exigía una mayor participación de las mujeres en la vida social y económica y más derechos civiles para ellas (Barry, 1988). También alentaba una reeducación sexual, proponiendo una actitud más activa de la mujer frente al sexo y una actitud más pasiva, o de mayor continencia, por parte de los hombres (Guereña, 2003).

 

El hecho de que las medidas de higiene y profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual se tomaran sólo con relación a las mujeres y nada se hiciera con los hombres, era considerado una medida especialmente injusta, porque dejaba fuera de control a los clientes, tanto o más responsables que las propias prostitutas de la transmisión de enfermedades venéreas, al tiempo que se cuestionaba que fuera tan sólo la prostitución la causa y el efecto de las mismas.

 

Aunque las ideas de Butler tuvieron mucho éxito, también encontraron numerosos detractores, no sólo entre los grupos más conservadores de la sociedad (en cuyos parámetros morales los derechos de las prostitutas no tenían cabida) sino también dentro del propio movimiento abolicionista, que desarrolló varios grupos disidentes. Esto último salió a la luz a propósito de la sonada disputa entre la nombrada Butler y otra de las feministas más destacadas del momento: Elisabeth Garrett Anderson.

 

Esta controversia, además de haber sido la primera en hacerse pública entre dos feministas de renombre, sentó las bases de la actual (aunque muy diferente) discusión entre las partidarias de la abolición de la prostitución y las defensoras de los derechos de l@s trabajador@s del sexo.

 

En efecto, Elisabeth Garrett Anderson opinaba que las leyes de enfermedades contagiosas no configuraban un mecanismo de represión, como aseguraban Butler y sus socias [9], sino un sistema de protección de las mujeres, de los niños y de la familia en general, útil, por consiguiente, a la sociedad y a los derechos de las mujeres.

 

A partir de ese momento, las filas del abolicionismo feminista (que ya habían  ganado  adeptos  a  nivel  internacional [10]),  fueron  inclinándose hacia extremos más conservadores, con la consecuente pérdida de su identidad originaria y de su fundadora, quien junto a otras partidarias del movimiento, al ver desnaturalizados los objetivos que le habían dado vida, renunció a él, poniendo fin de esta manera a la primera alianza de solidaridad –que no de intereses comunes- entre feministas y prostitutas.

Las leyes de enfermedades contagiosas se derogaron en 1889, tras un período de suspensión iniciado en 1883, pero el abolicionismo continuó su lucha. En su versión actual, aunque mayoritariamente se expresa en contra de la penalización de las personas que ejercen la prostitución, el objetivo final del movimiento abolicionista no es combatir la desaparición de los demás mecanismos estatales que criminalizan, oprimen y estigmatizan a l@s trabajador@s del sexo, sino lograr la propia erradicación de la prostitución y, en su vertiente más radical, también de la pornografía.

Las medidas que promueve están básicamente orientadas a promover la represión penal de toda forma de explotación sexual, con particular énfasis en el tráfico de personas para la prostitución, como así también el desarrollo de políticas asistencialistas destinadas a rescatar a las mujeres del mundo de la prostitución, a “readaptarlas” y a “resocializarlas”.

La ideología que lo sustenta se basa en diferentes formas de determinismo, en el sentido de que la prostitución es siempre entendida como resultado de la dominación masculina, la feminización de la pobreza, la falta de opciones de las mujeres, la relación entre el mundo de la prostitución con el mundo de las drogas, la denominada inmigración ilegal, el tráfico de personas, etc.

El discurso abolicionista no distingue las múltiples realidades que se encuentran detrás de la globalizada industria del sexo (Agustín, 2003) y presenta una imagen estereotipada de la prostituta, en tanto víctima indefensa de cualquiera de aquellas determinaciones. Ello refuerza el estigma de “puta” (Pheterson, 1989), del cual hablaremos más adelante, haciéndolo prevalecer por encima de cualquier otra circunstancia vital, para crear categorías diferenciadas de mujeres (putas y no putas) que establecen una clara línea divisoria entre unos hipotéticos “ser” y “deber ser” de las mujeres, funcionales  al control de la sexualidad y la autonomía femeninas (Tartafiore, 2000). Asimismo, apoya la creación o el sostenimiento de regímenes legales que desconocen a l@s trabajador@s sexuales como sujetos jurídicos, negándoles sus derechos subjetivos y civiles y, también, una gran variedad de derechos humanos, tal como lo ponen de manifiesto las propias trabajadoras sexuales, las entidades que trabajan para la defensa y protección de sus derechos y numerosos trabajos de investigación, entre los que caben destacar los realizados, en el ámbito catalán, por el grupo LICIT y el informe publicado a finales de 2005 del OSPDH, sobre la vulneración de derechos humanos de los trabajadores sexuales en la ciudad de Barcelona.

Sin perjuicio de ello, el movimiento tiene mucha fuerza, tanto a escala estatal como mundial. Según diversas fuentes consultadas, se estima que, en España, la gran mayoría de las entidades públicas o privadas que tienen por objeto desarrollar programas para la prostitución, lo hacen desde una perspectiva abolicionista. En Europa occidental, el porcentaje de  tales entidades, calculado en el año 2000, ascendía a un 88%, (Danna, 2000) y se estima que no ha variado hasta la fecha.

Semejante éxito se debe, por una parte (y como lo ha demostrado el respaldo del movimiento feminista sueco a la Sexköpslag [11]), a un importante sector del feminismo contemporáneo, que considera la prostitución como una forma de explotación y violencia contra las mujeres (al que nos referiremos en  el siguiente ítem). Y, por otra, a la vinculación de este discurso con políticas de seguridad ciudadana que convierten a esta práctica, entre otras cuestiones, en un fenómeno característico de la sociedad del riesgo (Beck, 1997), especialmente atractivo para la aplicación de estrategias de control social represivas y arbitrarias, desafortunadamente en expansión en las sociedades autodenominadas “democráticas” modernas y que se están configurando como las nuevas políticas criminales de exclusión social (Bergalli, 2006).

 

[4] Este modelo se aplicó por primera vez en Francia en 1802 y gracias a las invasiones napoleónicas, se extendió rápidamente por el resto de Europa Occidental, a lo largo de todo el siglo XIX. En líneas generales, supuso la imposición de rígidos controles higiénico-sanitarios a las mujeres que ejercían la prostitución, y la criminalización de estas mujeres, cuando eran acusadas de quebrantar los controles o escaparse de los mismos.

[5] Se trata del llamado feminismo de primera ola, cuyas representantes más populares fueron  las líderes del famoso movimiento sufragista.

[6] Estudios de la época caracterizaban a las prostitutas como enfermas mentales, oligofrénicas, imbéciles, psicóticas, esquizofrénicas, débiles de voluntad o con deseo de imponerse, histéricas, etc. (Mergen, 1969).

[7] Campaña no sólo famosa por su valor intrínseco, sino también porque dio oportunidad a que una mujer expresara, por primera vez en la historia moderna, opiniones públicas relativas a la sexualidad femenina, en contra de su control en interés de los hombres.

[8] La campaña se centraba en cuatro puntos principales: a) cuestionar las facultades ilimitadas de la policía que, encargada de identificar y detener a todas aquellas mujeres que pudiesen estar ejerciendo la prostitución, actuaba de manera sumamente arbitraria; b) denunciar el carácter sexista de la reglamentación, porque eran únicamente las mujeres las afectadas por la normativa; c) calificar de intolerables los registros médicos a los que se sometía a las prostitutas, no sólo por su obligatoriedad, sino también por los medios denigrantes que comportaba para las mujeres su realización; d) acusar tales prácticas como mecanismos de estigmatización de la mujer y de la prostituta, que una vez afectada por la normativa era registrada en un registro policial específico.

[9] Entre ellas, otra famosa feminista de la época, Elisabeth Wolstenholme, co-fundadora de la “Asociación de mujeres contra las leyes de enfermedades contagiosas”, cuya primera presidenta fue la propia Butler.

[10] En 1875 se había creado la “British Continental and General Federation for the Abolition of Government  Regulation  of  Prostitution”,  posteriormente  transformada  en  la    “International Abolicionist Federation” (Federación Abolcionista Internacional). En España, las ideas abolicionistas de Josephine Butler fueron importadas, en principio, por pastores protestantes extranjeros y, con posterioridad, adoptadas durante la I República, fundamentalmente por grupos republicanos vinculados a la masonería y el protestantismo, que defendían, entre otras cuestiones, la abolición definitiva de la prostitución y la asunción de derechos de la mujer en una sociedad más justa. Otra importante difusora de las ideas de Butler fue Concepción Arenal, a través de la revista “La voz de la Caridad” (Guereña, 2003).

[11] Ley de compra de sexo, que entró en vigor en Suecia el 1 de enero de 1999, convirtiendo a este país en el primero en el mundo en implementar un sistema de principios prohibicionistas que deja impune el ejercicio mismo de la prostitución, motivo por el cual preferimos ubicarlo dentro de los paradigmas emergentes de modelos de intevención estatal denominado neo- prohbicionismo, semi-prohibicionismo o, más precisamente, como modelo de criminalización  del cliente (Heim y Monfort, 2005).

 

 

 

 

3.   El feminismo abolicionista.

 

 

En el pensamiento feminista contemporáneo, el abolicionismo encuentra su mayor expresión en lo que se conoce como feminismo radical, que ha desarrollado el concepto de prostitución como una de las formas más intolerables de violencia contra las mujeres, que niega prácticamente la totalidad de sus derechos civiles y el derecho fundamental a la dignidad e integridad de las personas.

 

Desde esta perspectiva, la prostituta es vista como víctima por partida doble: por su propia condición de prostituta (víctima de la lascivia de los hombres y de la antigua exigencia patriarcal de satisfacción inmediata del  deseo masculino), y porque dentro de la estructura social ocupa uno de los escalones más bajos y marginales [12] (víctima del poderío social y económico de los hombres).

 

 

Sus partidarias consideran que la prostitución no puede ser entendida como una actividad económica elegida libre y voluntariamente (dentro de sus posibilidades de elección) por quienes la ejercen, por lo que excluyen de su discurso a l@s trabajador@s sexuales y/o, cuando lo hacen, sólo toman el testimonio de ex-prostitutas que han padecido situaciones de violencia y explotación.

 

Tampoco conciben que el trabajo sexual pueda realizarse en un ambiente no violento, idea que suelen justificar con testimonios de quienes han vivido de una forma muy negativa su experiencia en el mundo de la  prostitución. Así, un “Informe para el Relator Especial sobre Violencia Contra la Mujer”, elaborado en mayo de 1995 por Janice Raymond (entonces co- directora ejecutiva de la “Coalición contra el Tráfico de Mujeres”), cita un artículo de Jane Anthony, “Prostitución como elección”, en el que la ex prostituta considera que las mujeres en la prostitución están tan acostumbradas a la explotación y a la violencia, que probablemente por ello reportan menos violencia y la subestiman, expresando que “a veces, cuando las mujeres en la prostitución hacen énfasis en violaciones y golpes, es debido a que no tenemos un nombre para esa otra violencia, menos visible y más duradera, ese aturdimiento acumulado día a día y esa sensación de monotonía interminable”.

 

Al analizar la cuestión desde el punto de vista específico del trabajo sexual y de la defensa de los derechos de l@s trabajador@s sexuales nos detendremos más en este aspecto. Aquí nos interesa resaltar que, a partir del trabajo conjunto con profesionales de la psicología, la antropología, el derecho  y el trabajo social con trabajadoras sexuales de diferentes orígenes, en  distintas organizaciones de defensa de los derechos de estas personas [13], hemos podido constatar que estas situaciones, aunque en ocasiones se den, no definen por sí mismas este tipo de trabajo ni representan las condiciones normales en las que se realiza [14].

En ese sentido, el discurso de la violencia intrínseca a la prostitución deviene tan inválido para explicar el fenómeno en sí mismo, como para deducir de él un modelo para combatirlo. Y tampoco es capaz de asumir que la propia falta de reconocimiento jurídico de la actividad, al condenar a las prostitutas a  la clandestinidad y a la desprotección frente a los eventuales abusos que pudieran sufrir, opera como mecanismo performador de esa violencia, constituyendo así una de las principales causas de quebrantamiento de un amplio abanico de derechos humanos (en igual sentido opinan LICIT, 2004; OSPDH, 2005).

 

Asimismo, detrás de este discurso encontramos una concepción del cuerpo femenino y de la vivencia de su sexualidad, que resulta absolutamente funcional a los intereses que pretende combatir porque, entre otras cuestiones:

a) excluye social y políticamente a la prostituta, ubicándola en un lugar de sumisión, de incapacidad de decisión y de autogobierno, como si se tratara de una víctima indefensa que se limita a hacer lo que le mandan, sin sentir otra cosa que no sea impotencia, sufrimiento o resignación y sin voluntad ni poder para salir de esa situación;

b) excluye jurídicamente a la prostituta, porque la contempla tan sólo como objeto de intervención de políticas de asistencia que exigen, para hacerse efectivas, el abandono de la actividad, vedándole el derecho a permanecer en ella y a dignificar su tarea o a dejarla cuando realmente quiera hacerlo. Esta exclusión, además de responder a un criterio altamente moralizador, niega o limita los derechos inherentes a su condición de sujetos jurídicos, su capacidad de trabajo y su capacidad para reclamar, tanto para sí mismas como para sus compañeras, condiciones más justas y equitativas de labor, como así también el resto de derechos laborales que el Estado reconoce para los demás trabajadores y trabajadoras.

c) concibe como imposible un intercambio de sexo por dinero en condiciones equitativas, olvidando que es realmente difícil encontrar cualquier otro tipo de intercambio comercial que pueda cumplir con ellas;

d) muestra la prostitución como parámetro indiscutible de la desigualdad y la explotación, cuando la realidad de otras ocupaciones puede, en ese sentido, ser tan o más desoladora. Como dijera Anne Sourys, impulsora del movimiento francés de feministas pro-sexo: “Todas las relaciones de poder y de dominio se instauran y se fabrican a través de algún tipo de coacción. Y eso es así tanto si hacemos la calle como si somos grafistas, traductores o periodistas; si vendemos nuestro sexo o nuestra fuerza de trabajo. Pero en cada uno de nosotros hay una capacidad de autonomía que queremos reforzar ¡Sólo se habla de violencia cuando se habla de prostitución, o casi, como si las relaciones laborales no fuesen violentas! (El país, 18 de mayo de 2003).

 

Creemos que todo ello puede deberse a que el feminismo radical ha desarrollado una teoría de la dominación que se limita a juzgar la sexualidad en su dimensión de dominación política (como mera forma de poder de un sexo o género sobre otro), dejando de lado su dimensión erótica (como mera forma de expresión de comportamientos sexuales) y su expresión lúdica (como mera forma de expresión de un juego erótico-sexual, incluso placentero para la mujer). En esta tarea, ha sobredimensionado un concepto de la identidad femenina definido a partir de su “otredad”, de lo que el hombre no es (Beauvoir, 1961; (Yrigaray, 1985), que revela una imagen de autonomía bastante ilusoria (o reservada sólo a unas pocas).

 

Creemos también que, al entender la liberación de la mujer de la dominación y la opresión masculina, en términos de absoluta negación de la sexualidad masculina y de la cultura falocrática [15], este feminismo convierte a las prostitutas en el paradigma por excelencia de tal opresión, lo cual impide, como hemos adelantado, su inclusión como sujetos político-jurídicos y como agentes de cambio social, en igualdad de condiciones con el resto de las mujeres que, hoy día, son reconocidas como tales. También coarta cualquier intento de política de empoderamiento (empowerment), no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres, porque plantea una división intra-género, entre mujeres “libres” y “esclavas” o, lo que es lo mismo, ente sujetos de derecho (las primeras) y objetos de intervención (las segundas) que resulta inconcebible en los Estados de Derecho, que cuentan entre sus bases con el principio de igualdad de las personas.

 

En los últimos años, la perspectiva de la dominación patriarcal como construcción estructural de la violencia sexual o de género ha sido bastante criticada, no sólo por su excesiva dependencia del sujeto masculino como parámetro de identidad, sino también porque no ha sabido dar cuenta “del funcionamiento de la opresión de género en los contextos culturales concretos en los que existe” (Butler, 2001:36). No obstante, aún es el punto de partida del análisis del feminismo abolicionista (de hondo arraigo en la tradición feminista norteamericana) cuyas expositoras internacionalmente más conocidas son Kathleen Barry, Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon.

 

La primera de ellas, autora del famoso libro “La esclavitud sexual femenina” y activa militante abolicionista, con funciones jerárquicas en la citada “Coalición contra el tráfico de mujeres” (“Coalition Against Trafficking in Women”), considera que la prostitución es la puesta en acto del dominio sexual masculino, que objetiva y humilla a las mujeres, viola sus cuerpos y sus almas  y las convierte en esclavas sexuales. Las segundas (que también cuentan en su haber con numerosos escritos sobre feminismo y teoría política), comparten el análisis de la prostitución en términos de alienación y de esclavitud, la vinculan igualmente con la violación y otros delitos de violencia de género, y dedican especial atención a la pornografía, actividad contra la cual se muestran particularmente comprometidas [16].

En los países nórdicos y anglosajones, la vigencia de estas ideas se expresa en el apoyo que las leyes de persecución penal de los clientes han recibido por parte de muchas fuerzas políticas feministas. Su ejemplo paradigmático lo encontramos en la citada Sexköpslag sueca y en la actuación de la organización abolicionista ROKS, a la que se le asigna una notoria influencia en la opinión generalizada de los suecos de que la prostitución es una forma de violencia de género (Heim y Monfort, 2003).

 

En resumida síntesis, el ideario del feminismo abolicionista no concibe el ejercicio libre y voluntario de la prostitución. En palabras de Andrea Dworkin: “Prostitution is intrinsecally abusive. Let me be clear. I am talking to you about prostitution per se, without a woman being pushed. Prostitution in and of itself is an abuse of a woman’s body” (1993).

 

Como corolario de ello, estas autoras tampoco conciben que pueda hablarse de la actividad en términos de trabajo sexual. En esta tarea, como ya hemos adelantado, limitan la esfera de autodeterminación de la prostituta en función de las características estructurales de dominio sexual masculino que definen el comercio sexual, negándole su libertad contractual y, con ello, su propia subjetividad (social, política y jurídica).

 

De esta manera se confunde el concepto de dignidad de la persona (en tanto atributo inherente a la personalidad), con la actividad económica que ésta ejerce, olvidándose que lo único que debe ser motivo de preocupación, de cara a la afectación de los derechos fundamentales, son las circunstancias y las condiciones en las que tal actividad se realice, las cuales, como ya hemos adelantado, no deben darse libremente por supuestas.

[12] Los estudios enmarcados en esta perspectiva suelen ubicar a las prostitutas en un contexto de pobreza estructural, adicción a las drogas, relaciones violentas o de extrema dependencia con los proxenetas, etc. (Järvinen, 1993), lo cual significa que suelen orientarse hacia el sector más minoritario y marginal de la industria sexual (LICIT, 2004).

[13] La autora ha colaborado con LICIT y Àmbit Dona, y actualmente participa del equipo de trabajo de GENERA, entidades no gubernamentales, todas, fuertemente comprometidas con la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y que integran, junto con otras organizaciones, la PLATAFORMA COMUNITARIA TRABAJO SEXUAL Y CONVIVENCIA de la ciudad de Barcelona y una plataforma del mismo nombre, integrada por distintas entidades españolas, que tiene alcance en todo el Estado español. El trabajo diario de estas entidades consiste en dar apoyo y asistencia a las mujeres insertadas en la industria del sexo, sea de tipo social, sanitario o jurídico. Aunque ninguna de estas entidades cuenta con datos estadísticos sobre el porcentaje de usuarias de sus servicios que son controladas por alguna red de tráfico, se considera que se trata de una minoría. El colectivo Hetaira de Madrid (que  trabaja en idéntica línea y también integra la Plafaforma de alcance estatal) sí lo ha hecho, calculando que aproximadamente alcanza un 5% (Garaizábal, 2006).

[14] Esta cuestión también ha sido puesta de manifiesto por l@s trabajador@s del sexo que se reunieron en la Conferencia Europea sobre Trabajo sexual, Derechos Humanos, Trabajo e Inmigración, realizada durante los días 15, 16 y 17 de octubre de 2005 en Bruselas.

[15] En su vertiente más extrema, el feminismo radical llegó incluso a propugnar la mera heterosexualidad conyugal como esclavitud sexual femenina (Osborne, 1993).

[16] Han liderado varias campañas anti-pornografía en Estados Unidos y fueron las autoras del comentado proyecto de ordenanza de los derechos civiles contra la pornografía de Minneápolis (1983), que nunca entró en vigor por haber sido vetado por el Alcalde.

 

 

 

 

 

 

4.   La alianza entre feministas y prostitutas.

 

 

Hacia mediados de la década de 1970, principios de los años ‘80, el pensamiento feminista, en general, se preguntaba qué es la prostitución o por qué la prostitución existe. Y lo hacía dando respuestas desde tres perspectivas, conectadas muy íntimamente entre sí: a) expresión de la violencia contra las mujeres (tal como explicamos en el punto anterior); b) expresión de las relaciones sociales de poder (enfoque estructuralista); b) epifenómeno del patriarcado (Järvinen, 1993).

 

Todas ellas coincidían en punto a que la prostitución vendría a reflejar, como pocas otras actividades, la desigualdad social en clave de género y, por ello, daban por supuesta la calidad de víctimas de las prostitutas (de los hombres, del sistema económico, del sistema patriarcal, o de todos juntos). Lo lógico era, entonces, manifestarse en contra de la prostitución. La paradójico era que las prostitutas (o una buena representación del colectivo) no opinaban lo mismo.

 

Cuando las feministas comenzaron a ver esta realidad, entendieron que sus visiones de la prostitución, en términos generales de esclavitud y explotación sexual, partían de un presupuesto erróneo: considerar a todas las prostitutas como víctimas (Boutellier, 1991).

 

En 1973 Kate Millett, publicó el libro Prostitution Papers, reconocido como el primer intento, por parte de una intelectual feminista, de dar pie a que las mismas prostitutas hablaran sobre ellas mismas y sobre el ejercicio de su profesión. Pocos años más tarde, Gail Pheterson publicó, aunque desde otra perspectiva, su ya célebre Nosotras, las putas (A vindication of the Rights of Whores, en su versión original), en el que da a conocer las principales reclamaciones del movimiento de prostitutas y analiza lo que denomina el “estigma” de la prostitución (1989).

 

Desde un punto de vista histórico-político, las publicaciones de Millet y Pheterson,  aparecieron  en  el  contexto  de  dos  importantes  sucesos:  a)   el surgimiento del movimiento de reivindicación de los derechos de las prostitutas, que se ubica en 1973, en San Francisco, de la mano de Margo St. James, primera prostituta de nuestra época que se manifestó públicamente como tal, reclamando el respeto de los derechos de las personas que ejercen la prostitución, tanto como prostitutas cuanto como ciudadanas; y   b)  la celebración del primer y segundo congreso internacional de prostitutas, realizados en Holanda y Bélgica, en los años 1985 y 1986, respectivamente.

 

A partir de estos sucesos se produjo un vuelco definitivo en la manera de enfrentar el tema: ya no resulta tan urgente saber por qué la prostitución existe, sino más bien determinar qué significa esta actividad para las personas que la ejercen (y para las que no, pero fundamentalmente para las primeras); cuáles son sus necesidades concretas; qué les pasa; qué problemas tienen; qué se puede hacer para remediarlos. Todo esto, ya no desde opiniones concebidas a- priori, desde una particular y unilateral manera de entender la realidad, sino a partir del intercambio entre “observadores/as” y “observados/as”, esto es, entre quienes opinan sobre una determinada realidad y quienes la viven (la disfrutan, la soportan y/o la sufren) cada día, todo lo cual no sería posible sin el trabajo y la reflexión conjunta entre las mujeres que ejercen la prostitución y las que no  lo hacen.

 

Más adelante dedicaremos especial atención al desarrollo del movimiento de defensa de los derechos de l@s trabajador@s sexuales y al análisis de sus reivindicaciones, como así también a los desarrollos teóricos a los que estas prácticas han dado lugar. Aquí nos interesa destacar que a partir de las demandas de estas personas, de su identificación, por parte de muchas, como feministas, y de la especial sensibilidad de estos sectores del feminismo (que, como el llamado feminismo pro-sexo, defiende enérgicamente el  concepto de prostitución como trabajo), la tradicional división entre feministas y prostitutas comenzó a quedar atrás. Y aunque el feminismo abolicionista continúa dominando el tratamiento de la cuestión, sus presupuestos se encuentran en crisis, lo cual lo está obligando a repensarse (Nicolás, 2005).

 

Las reivindicaciones de las personas trabajadoras del sexo constituyen un fuerte desafío para las feministas radicales y para las organizaciones abolicionistas que, en su lucha contra lo que consideran el reflejo por excelencia de la explotación masculina, muchas veces se olvidan que las prostitutas son también, y ante todo, sujetos pensantes con capacidad para articular, incluso, un discurso político emancipador.

 

Afortunadamente, cada día se suman más esfuerzos para desvelar muchos mitos construidos alrededor de la prostitución, para formar un pensamiento teórico y político orientado a afianzar un proceso de empoderamiento, de reconocimiento y respeto de los derechos subjetivos, civiles y humanos, de reconocimiento y respeto de la capacidad de auto-determinación y auto-organización de las personas insertadas en la industria del sexo y de su legitimidad como agentes políticos y jurídicos, tanto en los asuntos que les conciernen, como en cualquier otro proceso social, como actores legítimos de  una vía de cambio, hacia una sociedad más justa.

 

Ese esfuerzo conjunto parte de la asunción de la prostitución como lo que en la mayoría de los casos representa: una actividad económica y laboral (sea permanente o transitoria, a tiempo completo o parcial), una forma voluntaria de obtención de libertad e independencia de quienes la ejercen, que –al igual que otras elecciones que tienen que ver con la sexualidad- no merece ser juzgada en términos morales negativos.

 

Desde esta perspectiva se ha planteado la necesidad de un reconocimiento legal de la prostitución, que asegure la defensa de los derechos de quienes se dediquen a ella, no sólo en cuanto trabajadoras, sino -y por encima de todo- en cuanto ciudadanas. No más medidas reglamentistas, que todavía hoy pretenden excluir, estigmatizar y controlar a estas personas en beneficio de terceros; basta del abolicionismo, que las acalla y las condena a la indiferencia; y, mucho más aún, no más penalización de la prostitución y de quienes la ejercen. Lo que la prostitución necesita, según las personas que intentan dignificar esta actividad, en tanto actividad económica y en tanto trabajo, es reconocimiento, y que ese reconocimiento no sólo sea jurídico, sino también social: el estigma de la prostitución, junto con las leyes que obstaculizan su ejercicio, es lo que debería desaparecer (Pheterson, 1989; Osborne, 1989; Garaizábal, 2004; Juliano,   2004, 2005; LICIT, 2004; OSPDH, 2005, entre otras).

 

 

5.    El movimiento de defensa de los derechos de l@s trabajador@s del sexo. Principales reivindicaciones.

 

Al igual que el feminista, este movimiento no constituye un todo homogéneo, sino que presenta características diversas, según el grado de organización alcanzado, de los colectivos que represente (trabajador@s de locales de alterne, transexuales, trabajador@s de cine pornográfico,  trabajador@s en las calles, etc.) y, ante todo, del contexto social,  jurídico  y político en el que se desarrolle.

 

Su primera expresión organizada se ubica, como ya dijéramos, en EE.UU, en 1973, de la mano de Margo St. James y de la asociación COYOTE [17], que desde entonces ha desarrollado un fuerte liderazgo, tanto a nivel nacional como internacional, en el movimiento por los derechos civiles de las prostitutas. Sus metas principales fueron, en principio, dar a conocer los abusos a los que eran sometidas por parte del Estado (en particular, por parte de la policía) para, posteriormente, luchar por conseguir un cambio en las actitudes hacia ellas, tanto de la sociedad, en general, como de las leyes, en particular.

 

El movimiento ha ido expandiéndose por el mundo, sobre todo en Europa Occidental, donde su surgimiento se asocia a una enérgica protesta que tuvo lugar en 1975, cuando un grupo de prostitutas francesas, todavía no formalmente organizadas, se encerraron en la iglesia de Sr. Nizier, en Lyón, Francia, para protestar por la situación de violencia que sufrían. Este movimiento se extendió por otras ciudades de Francia, como Marsella, Montpellier, Grenoble y París, donde ese mismo año, un gran número de prostitutas tomaron masivamente las calles, reclamando contra el asedio policial y judicial al que eran sometidas, que las sumía en la más completa  indefensión e inseguridad [18].

La demanda principal de estas mujeres era tan  sólo  “reconocimiento”, dejar de ser hostigadas y maltratadas y poder ejercer su trabajo con toda dignidad (Ulla, 1977). Estas manifestaciones llevaron, posteriormente, a la creación de la “Association Nationale des Prostitutées”, que desde los años ‘80 se ocupó  de  canalizar,  aunque  sin  mucho  éxito,  las  distintas  demandas  de  los movimientos de prostitutas de  Francia [19].  Aunque el movimiento iniciado en 1975 fue salvajemente reprimido y sus reivindicaciones rechazadas, aún  se conmemora su fecha de inicio (2 de junio), habiéndose establecido como el día de l@s trabajador@s sexuales.

 

Durante las últimas tres décadas, fueron apareciendo diversas organizaciones de defensa de los derechos de las personas  trabajadoras  del sexo en los Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Canadá, Australia, Austria, Bélgica, España y, más tímidamente, en los llamados países del tercer mundo. Como consecuencia de esta movilización, se fueron creando numerosas organizaciones que -con la excepción de Los Países Bajos, en donde la asociación nacional de prostitutas El Hilo Rojo (De Rode Draad), recibe también subsidio financiero estatal- se sustentan principalmente gracias a los aportes de las propias trabajadoras.

 

Ejemplos de ellas, en Europa, son el colectivo de prostitutas inglesas (English Collective of Prostitutes, ECP); la organización sueca por los derechos de las trabajadoras sexuales (Swedish Sex Workers Rights, ROSEA); las rusas organizadas a través de Infoshare; las organizaciones alemanas HYDRA y Doña Carmen; el Comité por los Derechos Civiles de las Prostitutas de Italia (Comitato per  i  Diritti  Civili  delle  Prostitute),  la  Asociación  de  Prostitutas  Húngaras;   el  colectivo HETAIRA (Madrid), la Asociación de Mujeres que ejercen la Prostitución (AMEP, España), la Asociación Libre de Mujeres de Alterne (ALMA, España) y distintas iniciativas de sindicalización de trabajadoras sexuales en diversos países de cultura occidental.

 

Muchas de estas organizaciones forman parte o colaboran con otras de carácter internacional (de carácter formal o informal). Entre ellas encontramos la Red Europea para la Prevención de la Salud de Prostitutas Inmigrantes (TAMPEP), la Red internacional de proyectos sobre trabajo sexual (International Network of Sex Work Projects, SWP) y el Comité Internacional por los Derechos de las/os Trabajadoras/es Sexuales (International Committee on the Rights of Sex Workers,  ICRSW).  En la mayoría  de estas  organizaciones  participan, también, personas y entidades aliadas [20].

 

Gracias a este tipo de iniciativas, se celebraron el Primer y Segundo Congresos Internacionales de Putas (Holanda, 1985 y Bélgica, 1986, respectivamente), el Congreso Europeo de Prostitutas (Frankfurt, 1991) y la Conferencia Europea sobre Trabajo sexual, Derechos Humanos, Trabajo e Inmigración, realizada durante los días 15, 16 y 17 de octubre de 2005 en Bruselas, la cual contó con una numerosa representación de trabajadoras sexuales y de personas y organizaciones aliadas provenientes de una veintena de países europeos.

 

Todos estos eventos acabaron con la aprobación de documentos conteniendo sus principales reclamaciones y declaraciones de derechos. En la Conferencia de Bruselas, se aprobó un Manifiesto de l@s Trabajador@s del Sexo, una Declaración de los Derechos de l@s Trabajador@s del Sexo, y una serie de recomendaciones, elaboradas por l@s trabajador@s participantes   en la Conferencia y sus aliados, no sólo durante los días en los que se celebró el evento, sino también a lo largo de toda su preparación.

 

En esos documentos se reivindica el carácter laboral de la actividad y la necesidad de que las leyes protejan y reconozcan jurídicamente a quienes la ejercen, como así también de que se elaboren teniendo en cuenta las necesidades y demandas concretas del colectivo. Entre muchas otras cosas, reclaman el derecho a condiciones justas y favorables de trabajo; el derecho a la salud y al cuidado del cuerpo como derechos inherentes a su trabajo; el derecho a la seguridad social, a percibir prestaciones sociales por incapacidad  y desempleo, a que los gastos en salud y en productos para el cuidado y la mejora de la salud sean deducibles de sus declaraciones de impuestos, etc.

 

[17] Coyote es el nombre del animal que se ve obligado a emigrar por los rancheros que le persiguen, y que teniendo una fama de promiscuidad se empareja para toda la vida. Al mismo tiempo es un acrónimo, que se desglosa como “Call Off Your Old Tired Ethics” – termina con tu vieja y cansada ética – lo que supone un cambio de mirada hacia el fenómeno y sus protagonistas (Pheterson, 1989: 38).

[18] La normativa les impedía incluso el derecho a la vivienda, cuando esta era  considerada  un burdel.

[19] Es triste ver cómo, sobre todo en los últimos años, todos estos esfuerzos han  sido  despreciados, condenados y reprimidos por el gobierno francés. El desarrollo de las políticas públicas francesas en la materia, en el año 2003, dio lugar a la sanción de una ley, conocida como “Ley Sarkozy”, que penaliza el trabajo sexual con prisión de hasta dos meses y multas de hasta 3750 euros.

[20] Las llamadas organizaciones aliadas son aquellas que llevan a cabo distintos programas de apoyo a las personas insertadas en la industria del sexo y bogan por la protección y el reconocimiento de sus derechos. Es el claro ejemplo de LICIT, ÁMBIT DONA, GENERA  y EL LLOC DE LA DONA-OBLATAS, en la ciudad de Barcelona. El ICRSW, por su parte, ha iniciado un proyecto encaminado a reforzar el movimiento de defensa de los derechos de l@s trabajador@s del sexo, en el que participan conjuntamente trabajadores del sexo y numerosas organizaciones, tanto asociadas como independientes, dedicadas a la defensa de los  derechos  humanos,  el trabajo y los inmigrantes.

 

 

 

 

 

6.             Los desafíos de la alianza: la prostitución como trabajo y la transformación del discurso sobre tráfico en una reflexión sobre migración, trabajo y derechos humanos

 

La andadura conjunta entre feministas y trabajadoras sexuales ha dado lugar a un interesante intercambio de experiencias, prácticas y reflexiones, de una fuerte capacidad transformadora. Mencionaremos, a continuación, algunas de las propuestas más interesantes que se discuten en ese contexto.

 

6.1.     La prostitución como trabajo. El concepto de trabajo sexual.

Hacia finales de 1970, esto es, con bastante antelación a su teorización en investigaciones científicas [21], tanto en EE.UU como en Europa Occidental, el movimiento de defensa de los derechos de las personas trabajadoras sexuales comenzó a utilizar el término “trabajo sexual”, con una doble finalidad: a) actuar de contrapeso a la carga estigmatizante y ofensiva del término prostitución y, b) reafirmar su carácter de actividad económica y laboral.

Desde esta perspectiva, el trabajo sexual se plantea, lisa y llanamente, como un asunto social. Se trata de una cuestión relacionada con el empleo,  que comparte, con otros trabajos de bajo status y de escasa o nula protección legal (“trabajos olvidados por el derecho”, Mestre, 2001), su experiencia de explotación, condiciones precarias y discriminaciones hacia las mujeres.

 

Esta mirada rompe con la ideología dominante que plantea  la prostitución en términos de desviación (la prostituta vista como delincuente o desviada), de salud (la prostituta vista como agente de propagación de enfermedades de transmisión sexual), de reformismo social (la prostituta vista como víctima que necesita ser rehabilitada). Y, al mismo tiempo, desestructura la ideología feminista radical hegemónica que ve en esta actividad una forma  de esclavitud sexual, sin importar que la persona tenga absoluto dominio para decidir cuándo, cómo y por cuánto tiempo se dedicará a ella, pudiendo dejarla en cualquier momento.

 

Los estudios que tratan la actividad desde la perspectiva laboral, coinciden en señalar que en la vida de una persona, el trabajo sexual suele ser temporal, una actividad refugio (Juliano, 2004), a la que raramente una persona se dedica durante toda su vida y que, como lo habíamos señalado anteriormente (en el desarrollo del punto 3), aunque puedan darse situaciones asimilables a la esclavitud (que pueden estar presentes tanto en esta actividad como en otras), las condiciones normales en las que se realiza nada tienen que ver con ella.

 

El movimiento de defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sexo, define como trabajo sexual el intercambio consensuado de sexo por dinero, por parte de personas mayores de edad. Cualquier otro intercambio (no consensuado o con personas menores de edad) lo considera una forma de violencia sexual, esclavitud, explotación o abuso, que debe ser perseguida y sancionada penalmente (ICRSW, 2005). En este sentido, el reconocimiento de la prostitución como actividad laboral, se basa en el derecho a la auto-determinación, a la libertad de empresa y al uso del cuerpo como herramienta trabajo [22].

 

Como ya hemos señalado, una de las características más destacadas del trabajo sexual, es que su demanda está básicamente dominada por hombres, mientras que su oferta está a cargo de mujeres, transgéneros y transexuales mujeres, en una proporción muy elevada en comparación con la oferta masculina (gay y heterosexual). Ello nos obliga a ubicar las reivindicaciones laborales de este colectivo en un contexto más general, signado por dos grandes ejes: a) el de lucha contra la violencia normativa de género y, b) el de la lucha por el reconocimiento del trabajo femenino [23], de condiciones dignas y equitativas de trabajo y de los derechos humanos  básicos. Cuestiones inherentes, por lo demás, a la causa común de las mujeres y a la organización de sus esfuerzos para lograr una mayor justicia social y económica.

 

 

[21] En el ámbito académico, el uso de la expresión tuvo un amplio desarrollo a partir de dos importantes publicaciones: la de Priscilla Alexander y Frédérique Delacoste, de 1987, titulada “Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry” y la de Than Dam Truong, de 1990, titulada “Sex, money and morality: the political economy of prostitution and tourism in South East Asia”. En ambos estudios, entre otras múltiples cuestiones, se hace hincapié en que la prostitución no es una identidad, sino una mera actividad que genera ingresos (muchas veces, combinada con otras), y que no hay formas universales de trabajo sexual, sino que se trata de una categoría sujeta a continuos cambios y redefiniciones, según los contextos personales, históricos y/o las políticas sociales, jurídicas y económicas que se apliquen.

[22] Siguiendo a Kempadoo (2000), el concepto de trabajo sexual introduce la idea de que las zonas sexuales del cuerpo son fuerza de trabajo, al igual que la mente u otras fuerzas de trabajo manual, por lo que deberían ser tratadas con idéntico respeto.

[23] Teresa San Román ha clasificado el trabajo femenino en cuatro grandes grupos: a) Trabajadoras integradas: las realizan una actividad laboral estando regularizadas normativamente tanto la trabajadora como la actividad; b) Trabajadoras sumergidas: realizan una actividad regularizada normativamente sin estarlo ellas mismas; c) Trabajadoras  marginales o excluidas: no sólo no están regularizadas para ejercer la actividad sino que la actividad misma carece de regularización; d) Trabajadoras ilegales: realizan una actividad prohibida o delictiva (San Román, 2004: 74). Siguiendo esta clasificación, dentro de los regímenes que, como el español, no sancionan como delito el ejercicio de la prostitución, las as trabajadoras sexuales serían trabajadoras marginales o excluidas.

 

 

 

6.2.   La deconstrucción del estigma de puta.

 

 

El calificativo “puta” es (y ha sido a lo largo de la historia) un poderoso instrumento de control de las mujeres y de su sexualidad. Connota una imagen negativa y estereotipada de la autonomía femenina que, como es de suponer, pone bajo sospecha el uso autónomo de las partes sexuales del cuerpo como fuerza de trabajo.

 

La palabra puta es sinónimo de mujer ilegítima, malvada, pecadora o víctima. Divide el género femenino entre “buenas” y “malas”, “honestas” y “deshonestas”, “puras” e “impuras”, “putas” y “esposas”, “putas” y “madres”, “sujetos de derecho” y “objetos de intervención”. Opera como un estigma desacreditador de la identidad femenina, cuya amenaza recae sobre todas.

 

El estigma de puta es señalado en una gran cantidad de estudios sobre la materia, como el principal factor de exclusión social de las personas insertadas en la industria del sexo (Pons, 2004), que no necesariamente debe asociarse a la pobreza [24].

 

El estigma de “puta”, de hecho, oprime a quienes trabajan en la industria del sexo, por encima de cualquier otro instrumento formal o informal de control social (Petherson, 1989, 1996) y ha servido para condenar a l@s miembr@s de este colectivo a la condición de seres socialmente invisibles, carentes de todo derecho o, lo que es lo mismo, a la condición de no personas.

 

La deconstrucción de este estigma se considera esencial, desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es del sexo, para la inclusión social de este colectivo; inclusión que les asegure, en primer lugar, la posibilidad de participar de las decisiones sociales, políticas y jurídicas que se tomen a su respecto.

 

Campañas de sensibilización y de visibilización del colectivo, de empoderamiento (empowerment) de acercamiento, de conocimiento, de comprensión, de educación en favor de la no discriminación y del respeto de estas personas, se consideran muy útiles para combatir este perverso mecanismo (LICIT, 2004).

 

 

 

[24] A pesar de la gran variedad de servicios, intereses y cantidades de dinero se pueden involucrar con la industria del sexo, el estigma de puta y la discriminación que comporta, es común a todas las personas que los representan, lo que indica una vez más, que no se trata sólo de una cuestión de pobreza, sino más bien de exclusión social (Manifiesto de l@s trabajador@s del sexo, Bruselas, 2005).

 

 

 

6.3.   El trabajo sexual no se agota en la prostitución.

 

 

Existe una gran variedad de actividades laborales relacionadas con el sexo. Hoy día es común utilizar la expresión “industria del sexo”, para hacer referencia a esta amplitud.

 

Como especifica Agustín, el término incluye “burdeles o casas de citas, clubes de alterne, ciertos bares, cervecerías, discotecas, cabarets y salones de cóctels, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por internet, sex shops con cabinas  privadas,  muchas  casas  de  masaje,  de  relax,  del  desarrollo del `bienestar físico´ y de sauna, servicios de acompañantes (call girls), unas agencias matrimoniales, muchos hoteles, pensiones y pisos, anuncios comerciales y semi-comerciales en periódicos y revistas y en formas pequeñas para pegar o dejar (como tarjetas), cines y revistas pornográficos, películas y vídeos en alquiler, restaurantes eróticos, servicios de dominación o sumisión (sadomasoquismo) y prostitución callejera: una proliferación inmensa de formas de pagar una experiencia sexual o sensual (2000)”.

 

Con la excepción de quienes ejercen de manera más visible la prostitución, ninguna de las personas dedicadas a la industria sexual es sistemáticamente perseguida, reprimida ni encuentra tantas trabas a la hora de desarrollar su trabajo. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, son incontables los espacios y las personas que se vinculan con la industria del sexo y, aunque la última reforma del Código Penal español convierte en típicas muchas de las conductas relacionadas con el mercado sexual (excepto el propio ejercicio de la prostitución), desde que ha entrado en vigor no se constatado una sola  condena en su contra. Ello demuestra que la hipocresía y la doble moral que atraviesan el mundo de la prostitución (incansablemente denunciadas por las personas que la ejercen), no se debe sólo a lo que la sociedad condena (los mismos servicios que consume), sino también a lo que deja de condenar: la explotación, la especulación y la manipulación de millonarias sumas de dinero clandestino, del cual las trabajadoras sexuales se benefician tan sólo en una mínima parte (y la sociedad también).

 

Desde el colectivo de defensa de los derechos de las personas que realizan trabajo sexual, existen voces que afirman que sólo cuando lo que se denomina “prostitución voluntaria” es reconocida legalmente, esto es, cuando el delito (proxenetismo, tráfico, abusos, explotación) está claramente diferenciado de la legalidad (el ejercicio voluntario de la prostitución), es cuando más eficazmente se puede combatir la violencia, la explotación y la  esclavitud sexual (Garaizábal: 2006). De esta manera, cualquier conducta que escapara a lo que se entiende como trabajo sexual (de acuerdo al concepto que hemos dado más arriba), sería más fácilmente identificable y, por tanto, reprimida. En este sentido, el propio reconocimiento de la actividad como trabajo, operaría como garantía contra la violencia, pues quedarían fuera de este concepto y, por ende, más fácilmente identificables y perseguibles, las formas criminales de explotación y esclavitud sexual.

 

 

 

6.4.   Del discurso sobre tráfico a una reflexión sobre migración, trabajo y derechos humanos.

 

Desde finales del sigo pasado, pero más enérgicamente desde comienzos del presente, ciertas organizaciones anti-tráfico, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de defensa de los derechos de trabajador@s sexuales, han puesto de manifiesto que uno de los mayores problemas del tráfico es que las estrategias utilizadas para combatirlo, no son compatibles con una política de protección de los derechos humanos y laborales de las personas y, mucho menos, con una política de defensa de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía.

 

Uno de los varios motivos que acusan para explicar esta situación, es que el tema del tráfico se relacione siempre, de manera directa, con la prostitución, de modo que permanecen al margen de este concepto otras actividades igualmente atractivas para el mercado de personas, sea por no estar reconocidas jurídicamente como trabajo (como la prostitución misma),  sea porque tienen una escasa protección (como el trabajo doméstico). Una vez más, la propia falta de reconocimiento y/o protección legal de la prostitución como trabajo, se establece como el principal motivo de que el comercio  sexual sea un área especialmente vulnerable a las conductas criminales que tienen  por objeto la explotación de personas (ICRSW, 2005).

 

Como señalan Marjan Wijers & Marieke van Doominck (2005), citando a Mary Robinson (Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1997 a 2002), el tráfico de personas constituye, al mismo tiempo, causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Causa, porque viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad y a la seguridad, el derecho a justas y favorables condiciones de trabajo,  el  derecho  a  la  salud,  el  derecho  a  la  igualdad,  el  derecho  de la persona a ser reconocida como tal ante la ley. Consecuencia, porque  se arraiga en la pobreza, la desigualdad  y la discriminación [25].

 

A partir de esa constatación, las perspectivas de defensa de los derechos de las personas que realizan trabajo sexual, promueven un tratamiento diferente para esta problemática. Por un lado, entienden que las políticas anti-tráfico deben orientarse a la prevención del trabajo forzado y/o en condiciones asimilables a la esclavitud (no sólo limitado a la prostitución, sino también a otras actividades laborales); y por otro, que deben centrarse en la situación concreta de las personas traficadas, esto es, en la efectiva protección de sus derechos y necesidades (de ahí que se identifique esta corriente como “enfoque de los derechos humanos”).

 

Aunque la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, de 2000, al menos en la letra, reconoce que el tráfico no sólo se limita a la prostitución, y que las personas traficadas merecen una protección especial, las prácticas represivas están todavía muy arraigadas en los mecanismos que contempla. Las investigaciones policiales y judiciales se dirigen a conocer (lo cual está bien) cómo las personas han sido traficadas, dejando un margen muy reducido para la efectiva protección de los derechos de las víctimas de estas conductas, supeditándola, por lo general, a la  evolución de aquellos procedimientos y, como en el caso español, a que la víctima de este delito aporte “datos esenciales” a la investigación o atestigüe en el proceso contra los autores (art. 59 de la Ley de Extranjería). En idéntica línea se orienta la Directiva del Consejo Europeo 2004/81/CE, de 29 de abril de  2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia para nacionales extranjeros, destinado a las víctimas del tráfico de seres humanos o que hubieran sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, “que cooperen con las autoridades competentes”.

 

Todo ello genera una lógica perversa, que no sólo crea una categoría especial de género (la de mujer traficada) sino también de víctima. Una víctima que subvierte el orden de las presunciones legales, pues para alcanzar ese status debe demostrar su inocencia. La prensa española nos proporciona a diario numerosos ejemplos de hasta qué punto esto es así. Las noticias que hablan de operativos en los clubes de alterne, se presentan, invariablemente, con titulares del tipo “Golpe a la prostitución(…). La Policía Nacional detiene a 30 chicas extranjeras” (La Vanguardia, 3 de julio de 2006). No se necesita ir al cuerpo de la nota para entender lo que pasa. Primero, detienen a las víctimas, luego (si ellas dicen cómo), encontrarán a los culpables. Así, mientras las víctimas son convertidas en victimarias, mediante la estrategia del arresto y el internamiento en los “centros de extranjeros” (o, más bien, “centros de criminalización de la miseria”, como acertadamente los denomina Carla Corso), los lugares en donde fueron encontradas continúan reclutando más mano de obra (presuntamente barata) y ofreciendo satisfacción a las demandas de sus clientes, de la forma más impune.

 

Creemos que, aparte de dotar de impunidad a los traficantes y a los empresarios de la industria sexual, el discurso del tráfico y el status jurídico que se asigna a la mujer traficada, pretenden, también, cumplir otras funciones. Entre ellas:

 

  1. disuadir la migración femenina, pues supone que, para las mujeres, “es mejor quedarse en casa que abandonarla y meterse en problemas” (Agustín, 2005: 1);
  2. infantilizar a la mujer, pues no sólo aparece siempre mencionada junto con los niños, como si fueran una unidad inescindible, sino que la considera como a una tonta, fácilmente engañable y engañada, arrancada de su tierra contra su voluntad y sin posibilidad de defenderse;
  3. desacreditar un proyecto autónomo de migración femenina que incluya entre sus objetivos el trabajo sexual, como así también acudir a una red que le facilite la salida de su país y/o le consiga trabajo en el extranjero (situación a la que muchas personas se ven compelidas, ante la dificultad de entrada a la “Europa Fortaleza”), todo lo cual supone, como hemos visto, una muy compleja gama de violaciones a sus derechos fundamentales, dentro de la cual el trabajo sexual, por sí mismo, tiene un valor muy relativo;
  4. limitar la circulación de mujeres, contribuyendo a crear un clima en el que las violaciones a los derechos humanos “se toleran oficialmente o incluso son alentadas o en algunos casos cometidas por elementos del Estado” (del citado informe de la Relatora Especial de la ONU, Radhika Coosmaraswamy):
  5. justificar el irónicamente denominado “re-tráfico”, esto es, unas políticas de deportación nada sutiles, que no tienen en absoluto en cuenta la situación en la que se encuentra la persona que se considera víctima de tráfico, ni su voluntad de querer o no volver a su país de origen, ni los peligros que puede suponer su repatriación con el mote de “puta” en la frente (en particular, el rechazo familiar o social que pudiera recibir), o las represalias que los miembros de la red a la que hubiera acudido o que la hubiera compelido a emigrar, pudieran tomar contra ella, no sólo por la sospecha de colaboración con la policía, sino también, simplemente, por haber sido arrestada.

 

Esta lógica supone, en definitiva, que cualquier mujer extranjera que trabaja en el mercado del sexo lo hace contra su voluntad, lo cual se inscribe  en la tendencia, cada vez más pronunciada, “a describir las migraciones como fenómenos  criminales”,  que  tiene  claramente  un  género:  “el  migrante es `delincuente´ y la migrante `víctima´” (Agustín, 2005).

 

Desde la perspectiva crítica al discurso del tráfico, si la problemática que lo circunda se ubicara dentro del marco más general del trabajo forzado y protección de los derechos humanos, las políticas orientadas a combatirlo deberían partir del presupuesto de que no es la prostitución en sí la causa de la violación de derechos humanos, sino las condiciones de engaño, fraude,  abuso, violencia, privación de la libertad de movimientos, etc., presentes en la situación concreta en la que esta actividad se realice. En este sentido, la protección de los derechos de las personas que se consideraran víctimas de tráfico no debería depender del acto de constricción de las víctimas, sino de que cesaran las propias condiciones de explotación.

 

En los casos de tráfico de personas insertadas en la industria del sexo, es donde mejor se ve la diferencia de criterios para definir lo se entiende por prostitución, esto es: a) si se cree que la prostitución es, en sí misma, una violación de los derechos humanos de las mujeres, similar a la esclavitud (lo que nos llevaría al viejo enfoque moral, en el que las prostitutas son estigmatizadas, tanto como víctimas como por desviadas); o b) si se considera que la prostitución es un trabajo.

 

Desde esta segunda perspectiva, se propone que el tráfico de personas sea tratado desde un punto de vista que, lejos de la tendencia estigmatizante y criminalizadora que rige su actual tratamiento, y de los criterios morales a los que se subordina la protección (arraigados en la cultura inquisitorial de la delación y el arrepentimiento), asuma las múltiples realidades que la actividad comporta, en particular: a) la del trabajo forzado o en condiciones similares a la esclavitud; b) la de los derechos humanos de las personas víctimas de estas actividades; c) la de la migración forzada o tráfico propiamente dicho; d) la de los derechos humanos de las personas traficadas.

 

 

[25] Durante la gestión de Mary Robinson, se realizaron varios informes que desarrollaron estas ideas. El confeccionado por Radhika Coosmaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias sobre la trata de mujeres, la migración de mujeres y la violencia contra la mujer, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado en 2000 “La trata de personas debe considerarse en el contexto de los movimientos y migraciones nacionales e internacionales que tienen cada vez mayor intensidad a causa de la mundialización económica, la feminización de la migración, los conflictos armados, la desintegración o reconfiguración de los Estados y la transformación de las fronteras políticas”.

 

 

 

7.   Conclusiones.

 

 

Si damos por cierto que el mercado del sexo se encuentra en permanente expansión, que periódicamente aparecen nuevas formas de  trabajo sexual y que cientos de miles de hombres y mujeres en el mundo (por no contarlos por millones) viven en (insertados en) él y de él, es evidente que el abolicionismo y las políticas a que ha dado lugar, han fracasado.

 

Frente a este fracaso, el movimiento de defensa de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, ofrece un marco más amplio para entender el fenómeno y propone nuevas soluciones. Este marco está dado por la problemática general del trabajo, los derechos y las libertades humanas y, fundamentalmente, por la falta de ellos.

 

Este punto de vista no excluye el análisis de la violencia normativa de género, en la cual se inscriben, por cierto, la llamada feminización de la pobreza, la falta de reconocimiento jurídico de las actividades económicas femeninas y la falta de protección de sus derechos económico-sociales. Tampoco legitima, como sostienen las abolicionistas, la cosificación de la  mujer, su tratamiento como objeto, su deshumanización. Tan sólo pretende aportar herramientas de análisis más realistas, que posibiliten una mirada que no resulte ni moralizadora ni estigmatizante y que, fundamentalmente, potencien la autonomía femenina, allá donde la hubiera llevado su necesidad económica, su ambición… o su deseo.

 

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Soy una Prostituta Travesti (Mujer Trans) de Buenos Aires (Argentina)... I m a whore shemale (Trans Woman) of Buenos Aires (Argentine).
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